En medio de protestas artesanales se desarrolló este martes la Comisión de Hacienda del Senado por la tramitación del proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero (Boletín 17.096-21), que busca redistribuir las cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial. El debate estuvo marcado por un cruce entre el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión, el diputado Jorge Brito (FA) y el subsecretario de Pesca, Julio Salas, a raíz del freno impuesto por el senador de Evópoli al avance del proyecto.
Mientras Salas y Brito insistieron en que el proyecto debía despacharse durante la jornada, apelando a la urgencia inmediata decretada por el Ejecutivo, el senador Kast defendió que el trámite será “completo y con rigurosidad”, descartando una votación exprés. “No vamos a apurarnos innecesariamente”, afirmó, generando molestia en representantes del oficialismo y del sector artesanal.
En paralelo, pescadores artesanales de diversas regiones —entre ellas Iquique, Valparaíso y Los Lagos— protestaron a las afueras del Congreso exigiendo la aprobación de la ley. Frente a ellos, el diputado Brito lanzó un duro emplazamiento:
“El Senado no puede hacer que la gente tenga que salir a la calle para que se legislen proyectos urgentes. La Ley de Fraccionamiento tiene discusión inmediata y hoy es el último día para despacharla”. Brito agregó que la alta presencia de trabajadores de las once caletas de la región de Valparaíso “demuestra la urgencia de avanzar en la redistribución de cuotas pesqueras”.
La defensa del gobierno al proyecto de ley
Por su parte, el subsecretario Julio Salas, explicó que la propuesta busca corregir un fraccionamiento históricamente sesgado, sin tocar derechos adquiridos y usando mecanismos legales existentes como la licitación de cuotas del jurel, a partir del aumento de un 25% en la cuota global determinado por lDipres.
Salas señaló que 11 de las 18 pesquerías ya fueron aprobadas sin modificaciones en la Cámara de Diputados, y que el resto podría resolverse en una eventual comisión mixta. El subsecretario también abordó las críticas sobre el impacto financiero del proyecto, detallando que la Dirección de Presupuestos (Dipres) proyecta una baja inicial de ingresos —cercana a los $4.000 millones— que se compensaría por la licitación de nuevas cuotas, las cuales se pagan en promedio 5,5 veces más que las actuales.
Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) también miembro de la comisión, propuso reponer fórmulas más favorables al sector artesanal para la merluza común y la jibia, exigiendo volver a las proporciones aprobadas por la Cámara de Diputados: 70%-30% y 90%-10%, respectivamente. “La merluza es el pescado más consumido por las familias chilenas. No puede seguir concentrada en la industria”, reclamó.
Pese a las diferencias políticas, hubo un compromiso transversal de continuar con la tramitación del proyecto, manteniendo su urgencia. Sin embargo, el inminente cambio en la presidencia de la Comisión de Hacienda —que pasará a la oposición— generó inquietud sobre la continuidad del trabajo técnico-legislativo.
La comisión sesionará nuevamente este miércoles 26 de marzo.
