El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, tras la última sesión de la Comisión Mixta que definió el fraccionamiento de la merluza común y el sistema de financiamiento de la Ley de Fraccionamiento. Brito acusó al ministro de romper dos veces su palabra con el sector artesanal y de haber favorecido una mayoría parlamentaria que terminó beneficiando a la pesca industrial.
“Lamentablemente, el ministro de Economía en dos oportunidades rompió su palabra. (…) Había acuerdo mayoritario en un 52-48 y eso fue lo que se aprobó. (…) La verdad es que duele muchísimo el esfuerzo que hemos realizado para llegar hasta acá y que sea nuestro propio ministro el que nos termina entregando”, reclamó Brito visiblemente molesto.
Según el parlamentario, el Ejecutivo había comprometido un fraccionamiento 52% artesanal y 48% industrial para la merluza común, lo que ya implicaba una rebaja respecto del 70% original planteado por el Frente Amplio. Sin embargo, la votación final aprobó un fraccionamiento más favorable a la industria, con un 55% para el sector industrial, gracias a los votos de senadores y diputados de regiones donde la pesca artesanal ha sido históricamente mayoritaria.
“Entre Coquimbo y el Biobío le entregaron la mayoría al sector industrial, cuando en sus regiones favorecieron al artesanal en un 70 u 80%. (…) Nos parece que la pesca artesanal ha sido traicionada en esta votación”, agregó.
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Sonapesca critica el financiamiento
Desde el sector industrial, la lectura fue distinta. Según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), lo aprobado implica una pérdida relevante para la industria, estimada en 489 mil toneladas traspasadas al sector artesanal, equivalentes a cerca de USD 160 millones anuales. A esto se suma la nueva patente a las transferencias internacionales de jurel, que representaría otros USD 23 millones anuales en costos adicionales.
“Afortunadamente los parlamentarios hicieron un esfuerzo por generar un fraccionamiento que evitó el cierre de una empresa en la octava región”, señaló Osciel Sandoval, presidente del gremio.
En cuanto al financiamiento aprobado, Sandoval reiteró que el proyecto ya se encuentra financiado con ingresos fiscales, gracias al aumento de cuotas que implicará un alza de más de USD 20 millones anuales en la recaudación fiscal a partir de 2025. No obstante, cuestionó los efectos de la patente aprobada por la Comisión Mixta:
“La fórmula aprobada tendrá un costo altísimo en las empresas de menor tamaño; puede tener un impacto negativo en las relaciones con los países de la ORP; y genera incertidumbre sobre las compras de jurel a terceros países por parte de empresas chilenas”, advirtió.
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Próximos pasos
El proyecto de Ley de Fraccionamiento entra ahora en su etapa final. Aún resta que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado ratifiquen o rechacen las normas aprobadas por la Comisión Mixta, incluyendo el cuestionado sistema de financiamiento que podría enfrentar reparos constitucionales. El debate político y jurídico se mantiene abierto, en un conflicto que sigue enfrentando al Ejecutivo, el Congreso, la industria y el mundo artesanal.
