A solo días que termine el actual gobierno, el sector de la pesca resiente dos cambios estructurales que no lograron ver la luz y buscaban cambiar el sistema pesquero: el nuevo mecanismo de licitación de cuotas industriales y la creación de una plataforma social para la pesca artesanal. Más de 80 artículos quedaron atrapados en la Comisión de Pesca, dejando un halo de incertidumbre de cara a los intereses del nuevo gobierno entrante.
Con el cierre del actual ciclo legislativo, la nueva Ley General de Pesca queda en una especie de limbo. El cambio de gobierno y la renovación parcial del Congreso hacen que el proyecto no alcance a terminar su tramitación, dejando más de 80 artículos sin terminar en la comisión de la Cámara de Diputados. En la práctica, su futuro queda en manos de un nuevo gobierno del que no se conoce si tendrá urgencia en impulsar una reforma que incomoda a varios frentes: la industria, las regiones y el empleo.
El riesgo, dicen varios actores del sector, no es solo que la iniciativa sea rechazada de plano. También podría ocurrir algo más silencioso: que el nuevo gobierno simplemente administre la ley vigente y postergue las decisiones más profundas, como la licitación de cuotas pesqueras y la anhelada plataforma social para la pesca artesanal.
Fraccionamiento: el avance que sí logró ver la luz
Una decisión estratégica del gobierno de Boric fue dividir en 2023 el proyecto de Ley de Pesca en dos: La ley de fraccionamiento, que buscaba redefinir cuánto podía pescar el sector artesanal e industrial en cada región, y que fue aprobado en 2025; y la nueva Ley de Pesca, que no alcanzó a ser aprobada.
Para Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, la aprobación de la Ley de Fraccionamiento fue un avance importante del gobierno de Gabriel Boric:
“La aprobación de la ley de fraccionamiento y el progreso en la tramitación de la ley de pesca son pasos relevantes para la pesca artesanal y para el cuidado del mar”, plantea.
Según explica, el proceso legislativo “permitió redistribuir cuotas y corregir parte de los desequilibrios históricos del sistema pesquero chileno. En varias pesquerías aumentó la participación del sector artesanal, en algunos casos hasta el 90%”, agregó.
El impacto del nuevo fraccionamiento, sin embargo, sigue siendo objeto de debate en el sector. Mientras organizaciones de la pesca artesanal sostienen que la redistribución de cuotas generará miles de empleos en las caletas del país, representantes de la industria han advertido que el cambio podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo en plantas y flotas industriales.
La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Zoila Bustamante (Conapach), valora también la decisión de dividir la Ley de Pesca y aprobar el fraccionamiento: “Sacar el corazón de la ley, el fraccionamiento, y trabajarlo en conjunto con la pesca artesanal fue una decisión bastante inteligente”, señala.
Una opinión similar tiene Hernán Cortés, representante del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP): “Se hizo justicia en el tema del fraccionamiento, con un parlamento muy proclive a la pesca industrial, haber obtenido un cambio como el que tuvimos en el fraccionamiento es un tremendo logro, sin duda un triunfo”, expresó.
Licitaciones de cuotas: la reforma al acceso industrial que quedó inconclusa
Pero más allá del fraccionamiento, el proyecto de Nueva Ley de Pesca incluía otro cambio profundo que no alcanzó a resolverse: modificar el sistema de acceso de la industria a los recursos pesqueros mediante un mayor uso de licitaciones.
Entre los expertos había consenso en que el proyecto impulsado por la administración de Gabriel Boric era menos ambicioso que el presentado anteriormente por el Presidente Piñera, que proponía la subasta de la totalidad de la fracción industrial.
Aun así, la discusión quedó inconclusa. El proyecto alcanzó a discutirse en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Si bien los artículos presentados por el Ejecutivo fueron aprobados en general, la mayoría de las indicaciones presentadas durante el debate fueron rechazadas.
A este debate se suma también el argumento fiscal. Diversos economistas han planteado que ampliar el uso de licitaciones podría aumentar de manera significativa los ingresos del Estado asociados al uso de los recursos pesqueros.
En una entrevista previa con PescaHoy, el economista Raimundo Atal, sostuvo que el sistema actual captura sólo una fracción del valor económico del recurso.
Según datos del Ministerio de Economía citados por el propio Atal, en las subastas de licencias tipo B las empresas han llegado a pagar más de $117 por kilo, mientras que las licencias históricas tipo A pagan en promedio cerca de $15 por kilo.
Según datos del Ministerio de Economía citados por el propio Atal, en las subastas de licencias tipo B las empresas han llegado a pagar más de $117 por kilo, mientras que las licencias históricas tipo A pagan en promedio cerca de $15 por kilo.
Las trabas en el Congreso
El senador Fidel Espinoza (PS) apunta a la enorme cantidad de indicaciones presentadas durante su discusión. Según relata, se ingresaron más de 200 indicaciones, muchas provenientes del diputado UDI Sergio Bobadilla, lo que terminó dificultando el avance legislativo.
“Aquí hubo parlamentarios que actuaron como portavoces de la industria y presentaron indicaciones copy-paste elaboradas por el sector industrial”, sostiene.
“Lo más sustancial fue esa ley. La discusión de fondo sobre la ley de pesca probablemente tendremos que darla en los próximos cuatro años”, concluyó Fidel Espinoza.
Cortés, representante de Condepp, apoyó también esta tesis: “Es muy clara la gran influencia de la pesca industrial en este Congreso que termina, hemos visto cómo se alargó artificialmente la discusión pidiendo discutir artículo por artículo. Además, se agregaron muchas indicaciones copiadas textualmente de informes de la Industria, eso no es casualidad”, condenó.
Kuschel: “La pesca nunca fue prioridad”
En contraposición, el senador Carlos Kuschel (RN) tiene una lectura completamente distinta. Para él, el problema principal fue la falta de interés político del gobierno en materia pesquera.
“Creo que esta administración no le puso ningún interés especial al tema de la pesca”, dice.
Desde su perspectiva, la ley de fraccionamiento mantuvo prácticamente la misma lógica del sistema anterior.
También cuestionó el enfoque ambiental de la actual administración, especialmente en lo que respecta a la salmonicultura. A su juicio, las regulaciones han frenado el crecimiento del sector: “Más que una economía de mercado, parece una economía planificada desde una ideología medioambiental”, plantea.
Según el senador, esa falta de expansión productiva ya se nota en regiones del sur como Aysén, donde, dice, el crecimiento económico se ha resentido.
Plataforma social y barreras de entrada
Otro punto sensible en el debate es la posible creación de una plataforma social para la pesca artesanal. La idea es generar mecanismos de seguridad social y apoyo productivo para el sector. Para muchos dirigentes artesanales, se trata de una deuda histórica.
Por su parte, Zoila Bustamante sostiene que la discusión sobre protección social para el sector no se puede seguir postergando.
“La pesca artesanal ha sostenido economías locales por décadas, pero muchas veces lo ha hecho sin redes de protección básicas. Una plataforma social permitiría dar mayor estabilidad a miles de familias que viven de esta actividad”, señala.
“Lo que buscamos es que los pescadores tengan herramientas para enfrentar las crisis del sector, como las bajas en las cuotas o los cambios en las pesquerías. No se trata de asistencialismo, sino de reconocer la realidad laboral de la pesca artesanal”, afirma.
Una opinión similar expresa Hernán Cortés, “Esperamos que el nuevo gobierno dé urgencia al proyecto de Nueva Ley de Pesca, específicamente en la Comisión de Pesca, fortalecer la plataforma social y dar dignidad al sector pesquero perjudicado por la Ley Longueira, es decir, a los pescadores artesanales de Chile” agregó.
Pero Kuschel mira la propuesta con cautela. “No vayamos a terminar con una pesca social que mantenga a las personas permanentemente dependientes de oficinas y permisos”, advierte. A su juicio, algunos diseños institucionales pueden terminar generando dependencia del Estado en lugar de fortalecer la actividad.
