El conflicto ambiental y productivo desatado por el derrame de diésel ocurrido el 5 de agosto en la Bahía de Puerto Chacabuco llegó finalmente a tribunales. Un grupo de pescadores artesanales de la región de Aysén ingresó una demanda civil contra Copec, apuntando a que la rotura de una cañería terrestre de la empresa provocó una contaminación que afectó directamente su sustento.
En la acción judicial, los trabajadores del mar solicitan una indemnización total de $10 millones, monto que corresponde a diez millones por cada uno de los demandantes individualizados. En el escrito, sostienen que el daño económico, social y ambiental generado por el derrame tiene alcances que aún no se pueden dimensionar.
Daños “prácticamente infinitos” y ecosistema en riesgo
El documento presentado ante el tribunal describe un escenario crítico para las familias ligadas a la pesca artesanal. “El daño ocasionado a mis representados y a sus grupos familiares es prácticamente infinito, ya que mientras estos eventos no terminen y no se sanee el litoral dañado, recuperar la fuente de subsistencia seguirá siendo incierto”, señala el texto.
La demanda además subraya el impacto emocional que dejó la emergencia: “Los querellantes son gente de mar (…) y al ser testigos de la catástrofe medioambiental que los deja sin fuente laboral y expuestos a posibles enfermedades, se sienten impotentes y cansados de la situación que enfrentan”.
Desde la agrupación impulsora de la acción se afirma que la presencia de diésel en aguas y suelos de Puerto Chacabuco constituye una contaminación evidente, cuyo origen —según recalcan— está en la fractura de una cañería de propiedad de Copec.
Testimonio de los dirigentes: 260 pescadores afectados
El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Aysén, Juan Carlos Torres, explicó que la demanda está amparada en la Ley de Navegación y refleja el impacto directo sobre 260 pescadores artesanales, quienes —según dijo— vieron paralizadas o restringidas sus faenas.
“El derrame nos generó problemas en los desembarques. Las corrientes arrastran el combustible hacia los bancos de recursos, que se contaminan en el corto plazo y, en el largo plazo, dañan severamente el ecosistema que es nuestra fuente de sustento”, afirmó.
Torres agregó que la empresa habría detectado el derrame tardíamente: “Las mangueras llevaban mucho tiempo derramando combustible cuando Copec se dio cuenta”. Por ello, manifestó su esperanza de que “el máximo tribunal de la región falle a favor de los pescadores, porque la justicia está de nuestro lado”.
Respaldo nacional: Condepp exige reparación
El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, respaldó públicamente la acción judicial. “No se puede seguir pasando a llevar los derechos de los pescadores artesanales. Aquí está en juego su sustento y el de sus familias. Copec debe responder y pagar por el daño causado”, señaló.
*Un derrame que golpeó a pescadores, buzos y comunidades indígenas*
El derrame de diésel reportado el 5 de agosto, cuya magnitud aún no ha sido totalmente precisada, afectó a pescadores, buzos mariscadores, recolectores y comunidades indígenas que dependen del ecosistema marino de Puerto Chacabuco. La zona continúa bajo monitoreo mientras se evalúan impactos ambientales y la eventual mitigación del daño.
La demanda busca establecer responsabilidades, asegurar reparación económica y marcar un precedente en materia de seguridad operativa y resguardo ambiental en instalaciones vinculadas a la cadena logística del combustible.
