Industria, economistas, pymes y el sector artesanal enfrentaron posturas sobre el modelo de licitaciones en la futura Ley de Pesca.
En una jornada marcada por tensiones técnicas, gremiales y políticas, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados continuó este lunes la votación particular del proyecto que establece una nueva Ley General de Pesca. El debate se concentró en el polémico Título III, que propone modificar el actual sistema de Licencias Transables de Pesca (LTP), ampliando las licitaciones del 15% al 50% de las cuotas industriales.
El tema no es menor. Las licencias tipo A, asignadas por captura histórica, son consideradas por la industria como un derecho adquirido. La eventual reducción o reasignación de estas cuotas sin compensación fue calificada por varios exponentes como una forma de expropiación, con efectos directos en el empleo y la operación de plantas pesqueras.
Desde la industria, Macarena Cepeda (Pescadores Industriales del Biobío), junto a representantes de Sonapesca como Felipe Sandoval y Héctor Bacigalupo, advirtieron que la propuesta del Ejecutivo pone en riesgo la continuidad de empresas que ya operan al límite. Se expusieron cifras que proyectan una pérdida de hasta 389 mil toneladas, además de aumentos en el impuesto específico, lo que —según los expositores— llevaría a varias plantas al cierre.
Luisa Zapata, dirigenta del Sindicato de Trabajadores de Pacific Blue, fue más tajante: “Si se aprueba esta ley tal como está, nos cierran la planta”. Otras intervenciones de trabajadores y dirigentes reforzaron el temor a un efecto dominó en la estabilidad laboral en regiones como Biobío, Aysén y Magallanes.
Críticas a la postura contra las licitaciones
El economista Raimundo Atal (UAI) respaldó el enfoque del proyecto y defendió que las licitaciones, si se diseñan bien, son mecanismos eficientes y transparentes. Propuso ir más allá: subastar el 100% de las cuotas industriales. Según sus cálculos, entre 2016 y 2023 el Estado habría dejado de recaudar cerca de mil millones de dólares por no licitar todas las licencias. «Las licencias asignadas por historia pagan hoy un impuesto mucho menor que el valor revelado en subastas», señaló.
Desde las pymes, José Montt, de la Agrupación de la Macrozona Sur-Austral, se sumó a la idea de licitar la totalidad de las cuotas, pero pidió reservar al menos un 30% para pequeñas y medianas empresas, y terminar con la desigualdad tributaria entre quienes reciben licencias tipo A y quienes compiten por las tipo B.
Agripes, otro gremio pyme, intervino para destacar el impacto del modelo pyme-artesanal orientado al consumo humano. Francisco Vega y Cristian Sánchez valoraron la reserva del 4% de cuotas para plantas de este tipo, y pidieron que las futuras subastas prioricen a empresas reales y operativas, no a intermediarios.
Defensas al statuos quo y contra las subastas
La defensa jurídica del modelo actual vino del expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, quien insistió en que modificar las licencias sin pago ni causal de utilidad pública es inconstitucional. Una línea reforzada por el académico Julio Peña Torres, quien afirmó que las licitaciones realizadas en Chile no han logrado atraer nuevos actores, ni romper la concentración.
A esa misma idea se sumó el exsubsecretario de Pesca del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Couve, quien sostuvo que en la práctica, muchas licencias licitadas a pequeñas empresas han terminado siendo revendidas a grandes actores, profundizando la concentración.
En medio del fuego cruzado, el sector artesanal representado por Hernán Cortés (CONDEPP), puso sobre la mesa una propuesta diferente: usar parte de la renta generada por las licitaciones para crear una plataforma social que beneficie directamente a los pescadores artesanales. Esta incluiría seguros, pensiones por discapacidad y mecanismos de estabilización ante emergencias.
Cortés defendió que esta redistribución es fiscalmente legítima y necesaria. “El país necesita una política pesquera con rostro social”, dijo.
La sesión, además, estuvo marcada por un malestar transversal entre los diputados ante la ausencia del ministro de Economía, Nicolás Grau, y la salida anticipada del subsecretario Julio Salas, quien abandonó la comisión al mediodía para asistir a una reunión con la industria, agendada vía Ley de Lobby. Diputados oficialistas y de oposición calificaron el gesto como una falta de respeto hacia el Parlamento.
Con las posturas aún lejos de converger, se espera que el debate en la nueva Ley de Pesca esté marcado por las licencias transables dejando en evidencia que la disputa por el mar no solo es biológica, sino profundamente política y económica.
