Controles de alcohol y drogas en embarcaciones: resultado positivo impedirá continuar trabajando a bordo
La instancia respaldó por unanimidad los controles periódicos para quienes desempeñen funciones a bordo y estableció que un resultado positivo impedirá continuar trabajando durante la navegación. Sin embargo, rechazó suspender preventivamente matrículas o licencias cuando exista una negativa injustificada a realizar el examen, luego de que parlamentarios advirtieran vacíos sobre debido proceso, duración de la medida y autoridad competente.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados volvió a avanzar este miércoles 9 de septiembre en el proyecto que busca fortalecer la seguridad marítima, pero uno de los puntos centrales de la jornada terminó mostrando dónde aparece el límite entre aumentar las atribuciones preventivas de la Autoridad Marítima y establecer sanciones que pueden afectar directamente la posibilidad de trabajar a bordo.
La instancia aprobó por unanimidad una indicación sustitutiva del Ejecutivo que establece controles periódicos de alcohol, estupefacientes y sustancias psicotrópicas para quienes ejerzan funciones en embarcaciones. También respaldó una norma especial para enfrentar las dificultades que existen en zonas extremas o de difícil acceso para realizar estos exámenes.
El acuerdo transversal, sin embargo, se quebró cuando se discutió qué hacer con una persona que se niegue injustificadamente a someterse al control.
La propuesta del diputado Alejandro Riquelme (REP) buscaba permitir la suspensión preventiva de la matrícula, licencia o autorización correspondiente. La indicación terminó rechazada por 2 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, después de una discusión en que parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista cuestionaron la falta de precisión de la medida, mientras desde Republicanos y Evópoli se planteó la necesidad de construir una sanción jurídicamente más robusta.
El principal avance de la jornada estuvo en el nuevo artículo 86 bis de la Ley de Navegación, impulsado mediante una indicación sustitutiva del Ejecutivo.
La norma entrega a la Autoridad Marítima la facultad de determinar la forma y oportunidad en que se realizarán controles periódicos de alcohol y drogas. Cuando una persona obtenga un resultado positivo, no podrá continuar ejerciendo sus funciones a bordo y el armador o empleador deberá disponer su desembarco y reemplazo.
Además, el texto remite a las sanciones contempladas en la Ley de Tránsito, según corresponda.
DIRECTEMAR respaldó la fórmula argumentando que ya existen reglamentos y circulares que regulan la realización de estos controles, por lo que incorporar la materia a la legislación permitiría reforzar y ordenar las facultades actualmente disponibles.
La propuesta fue aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, reflejando el consenso que ha existido en la comisión respecto de fortalecer las herramientas destinadas a prevenir accidentes y proteger la vida humana en el mar.
Ese acuerdo se extendió a una indicación presentada por la diputada Andrea Macías (PS), quien buscó incorporar expresamente la realidad de las zonas extremas.
La disposición establece que, cuando no existan medios técnicos disponibles para practicar los exámenes, la persona deberá ser derivada a un centro de salud razonablemente accesible según la zona de operación. En territorios extremos o de difícil acceso, además, la Autoridad Marítima deberá dejar constancia cuando el traslado no pueda realizarse dentro de un plazo técnicamente razonable.
Macías sostuvo que el objetivo era llevar a rango legal una protección territorial que actualmente depende principalmente de normativa administrativa, considerando las distancias y tiempos de desplazamiento que existen especialmente en las zonas australes.
La indicación fue aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Suspensión de licencias marcó un punto de discusión
La discusión cambió cuando la comisión abordó la indicación de Alejandro Riquelme (REP) para establecer una consecuencia adicional frente a la negativa injustificada a realizarse un examen.
Su propuesta permitía suspender preventivamente la matrícula, licencia o autorización correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran proceder.
Riquelme defendió que una negativa no podía quedar sin una consecuencia efectiva cuando están comprometidas la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar.
Pero el problema que apareció durante el debate no fue tanto el objetivo de la norma como su construcción jurídica.
La diputada Andrea Macías (PS) planteó que negarse a realizar un examen constituye una conducta diferente a desempeñar funciones bajo los efectos del alcohol o las drogas, por lo que debía precisarse cuál sería el procedimiento aplicable y quién tendría la facultad de imponer una suspensión.
La diputada Carolina Tello (FA) profundizó esa objeción. Advirtió que se podía estar creando una nueva atribución sancionatoria sin establecer con claridad la autoridad competente, la duración de la suspensión ni las garantías del debido proceso. El punto adquiere especial importancia porque la medida podría impedir temporalmente que una persona continúe ejerciendo su actividad laboral.
En una línea similar, Nathalie Castillo (PC) cuestionó que permanecieran abiertas materias como los mecanismos de reclamación, las garantías probatorias y el tiempo durante el cual podría mantenerse una suspensión.
La propia Secretaría de la comisión agregó otra dimensión al debate: si la conducta eventualmente derivara en una sanción penal, la ley tendría que definir expresamente competencia, procedimiento y tribunal.
En medio de esas diferencias, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) planteó postergar una definición y construir una fórmula más precisa, tomando como referencia la Ley de Tránsito, con sanciones graduales y una tipificación clara de la conducta.
Riquelme terminó mostrando apertura a esa alternativa y propuso que el Ejecutivo y DIRECTEMAR trabajen una nueva redacción que permita alcanzar un acuerdo. La indicación, sin embargo, fue sometida a votación y rechazada.
El resultado (2 votos favorables, 6 en contra y 2 abstenciones) deja abierta una discusión que probablemente reaparecerá durante la tramitación: existe respaldo transversal a fiscalizar el consumo de alcohol y drogas a bordo, pero no todavía a entregar una facultad de suspensión preventiva sin definir previamente sus límites y garantías.
La diferencia es relevante porque el proyecto ha ido entrando progresivamente en una fase más jurídica. En la sesión anterior, la comisión ya había aprobado obligaciones para registrar fallas de sistemas de navegación, preservar evidencia después de accidentes, denunciar delitos ocurridos a bordo y contar con equipos de alerta y comunicaciones adicionales en determinadas zonas. Ahora, al abordar las consecuencias individuales derivadas de los controles, la discusión comenzó a desplazarse desde los estándares técnicos hacia las potestades sancionatorias.
La comisión también avanzó en otro punto sensible del proyecto. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, aprobó incorporar al artículo 112 de la Ley de Navegación una presunción de culpabilidad respecto del capitán o patrón que abandone el lugar de un accidente sin prestar auxilio ni informar inmediatamente a la Autoridad Marítima, salvo que existan circunstancias que justifiquen su actuación.
La disposición apunta directamente al deber de auxilio después de un accidente marítimo y fue aprobada sin una controversia sustantiva adicional.
Previamente, Riquelme había retirado otra indicación vinculada al mismo artículo luego de que DIRECTEMAR explicara que la Autoridad Marítima ya dispone de facultades para sancionar el incumplimiento de determinados deberes del capitán.
Flota china, fiscalizaciones y pescadores desaparecidos entran al debate
La sesión también abrió varios frentes que exceden el proyecto de seguridad marítima. El diputado Guillermo Valdés (PDG) planteó su preocupación ante una eventual presencia de buques chinos realizando pesca ilegal de jibia en aguas chilenas o próximas al límite marítimo. La comisión acordó solicitar antecedentes a las autoridades competentes sobre las fiscalizaciones y las medidas adoptadas para proteger los recursos pesqueros.
El diputado Mauro González (RN), en tanto, solicitó a la Armada y Sernapesca información actualizada y desagregada territorialmente sobre las fiscalizaciones realizadas en Los Lagos, especialmente respecto de embarcaciones provenientes de otras regiones que estarían operando sobre la reineta. Macías pidió extender los antecedentes a Aysén.
Riquelme solicitó además reforzar la búsqueda de pescadores desaparecidos en Magallanes y facilitar, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, la colaboración de embarcaciones artesanales en esos operativos.
A ello se agregó la propuesta del diputado Diego Vergara (REP) para evaluar una sesión de la comisión en la Región del Biobío, con el objetivo de conocer directamente la situación del sector pesquero regional.
El presidente de la instancia, Alejandro Bernales (PL), también solicitó antecedentes al Ministerio de Salud por la falta de funcionamiento de la cámara hiperbárica del Hospital de Quellón, incluyendo eventuales responsabilidades administrativas y las medidas necesarias para ponerla en operación.
El proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, Boletín N° 18.198, continuará su votación particular en una próxima sesión.
La discusión del miércoles dejó una señal relativamente clara sobre el curso que está tomando la iniciativa. Existe un acuerdo político amplio para aumentar los estándares de seguridad, reforzar los controles de alcohol y drogas, mejorar los sistemas de comunicación y establecer mayores responsabilidades después de los accidentes. La dificultad comienza cuando esas herramientas pasan desde la prevención hacia sanciones capaces de suspender habilitaciones profesionales.
La comisión deberá resolver precisamente ese límite en las siguientes jornadas: cómo entregar herramientas efectivas a la Autoridad Marítima sin dejar indeterminados el procedimiento, la duración de las sanciones y las garantías de quienes pueden perder temporalmente su autorización para trabajar en el mar.
En paralelo, la agenda de la comisión seguirá ampliándose. Bernales ratificó para el 23 de septiembre una sesión especial destinada a analizar el fenómeno de El Niño y las medidas preventivas que deberán adoptar las autoridades sectoriales y de emergencia, mientras las solicitudes de antecedentes sobre fiscalización pesquera, flotas extranjeras y seguridad de los trabajadores del mar anticipan que esos asuntos continuarán ocupando parte importante de la agenda legislativa.
