En entrevista exclusiva con PescaHoy, el economista de la Universidad de Nueva York, Raimundo Atal aborda el corazón técnico del debate sobre las licitaciones en la nueva Ley de Pesca: su eficiencia, impacto fiscal y mitos sobre el empleo. Además, abordó el estudio del Ministerio de Economía, que reveló que las licencias licitadas tipo B han llegado a pagarse a más de $117 por kilo, versus los $15 promedio de las licencias históricas tipo A
Este miércoles 20 de agosto, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados retomará una de las discusiones más sensibles de la tramitación de la nueva Ley General de Pesca: el modelo de licitaciones para las licencias industriales, también conocidas como licencias tipo B.
En ese contexto, PescaHoy.cl conversó en exclusiva con Raimundo Atal, economista Investigador del Institute for Policy Integrity de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, quien fue uno de los primeros en plantear —en el Congreso— que el Estado ha perdido más de US$1.000 millones por no subastar la totalidad de las cuotas industriales. Su mirada, sin embargo, no se limita al diagnóstico fiscal: también aborda la dimensión política y regulatoria que ha frenado el avance de esta transformación.
Eficiencia, transparencia y recaudación: el tridente de las licitaciones
A juicio de Atal, las licitaciones no solo son efectivas para generar ingresos, sino que permiten un diseño más transparente y eficiente del sistema. Lo explica con claridad técnica:
“Uno de los grandes atractivos de las subastas es que permiten revelar la disposición a pagar por parte de los potenciales participantes de un mercado y entregárselo a quien oferte más.”
Esto ha quedado en evidencia en las últimas subastas de licencias tipo B, donde —según datos del Ministerio de Economía— las empresas llegaron a pagar más de $117 por kilo, muy por encima de los $15 que pagan en promedio las empresas con licencias tipo A. La diferencia, para Atal, es estructural:
“El impuesto que se fija en Chile viene de una fórmula que es imposible de entender y que no tiene mucha lógica. Y bueno, resulta que ese impuesto es mucho menor que la disposición a pagar de las empresas por participar de este mercado, que es lo que hemos podido observar a partir de las subastas ya realizadas.”
El estudio de Economía: datos que no han circulado
A pesar del impacto de estos datos, Atal advierte que gran parte del Congreso sigue sin conocer el potencial fiscal del sistema licitatorio, lo que explicaría parte de la resistencia a implementarlo a gran escala:
“No sé si el Congreso está entendiendo el potencial. Probablemente no lo sabe, porque, por ejemplo, los datos de recaudación de las LTP-B vs LTP-A no han sido ampliamente divulgados, siendo que llevamos años discutiendo la ley de Pesca y esos datos son muy indicativos.”
Empleo y licitaciones: ¿realmente hay una amenaza?
Uno de los principales argumentos que ha utilizado la gran industria para frenar la expansión de las licitaciones ha sido el supuesto riesgo que representan para el empleo formal. Atal lo rebate sin ambigüedades:
“No me parece que las subastas sean una amenaza al empleo del sector. En la medida que se pesque la totalidad de la cuota global (como ha sido el caso históricamente, y que bajo una subasta bien diseñada no tendría por qué cambiar), la cantidad de toneladas totales no debería cambiar, por lo que no hay una amenaza para el empleo.”
Más aún, señala que el verdadero factor de riesgo es la falta de una norma clara y estable:
“Lo que sí amenaza el empleo es la incerteza jurídica, como la que existe hoy. Una subasta bien hecha y que opere en un ambiente de certeza jurídica (establecida por la ley y sus reglamentos) no es una amenaza para el empleo.”
Un sistema pesquero atrapado entre historia y política
Aunque el foco de Atal está puesto en la eficiencia, no desconoce la carga política del actual sistema:
“La asignación mediante el derecho histórico es una discusión amplia, y valórica, que tiene que ver, entre otras cosas, con la historia de quienes pescaban antes de que se establezca el límite máximo y si se justifica o no entregarles una protección mediante la asignación por derecho histórico.”
En este sentido, entiende la resistencia:
“Creo que hay una resistencia a romper el modelo actual, pero es natural. El modelo actual lleva muchos años funcionando y es natural que haya resistencia a cambiarlo.”
¿Y si se subastara todo?
Finalmente, le preguntamos si es viable avanzar hacia un modelo 100% licitado. Su respuesta no deja dudas:
“Subastar la totalidad de la cuota industrial es posible, creo que aumentaría la recaudación de forma significativa para el Estado sin sacrificar eficiencia, pero debe existir voluntad política de todos los actores. Para ello, se debe conversar con calma y en base a la evidencia.”
