El gobierno oficializó la salida del proyecto de nueva Ley de Pesca impulsado por Gabriel Boric para terminar con la denominada “Ley Longueira”, argumentando la necesidad de “estudiar la iniciativa en profundidad, analizarla y perfeccionar sus contenidos” para dar mayor certeza jurídica al sector. PescaHoy entrevistó a diversos parlamentarios, empresarios y pescadores artesanales sobre esta nueva polémica decisión del Ejecutivo.
Este jueves fue un día convulso para el mundo de la pesca chilena. El gobierno del Presidente Kast decidió ahora retirar el proyecto de ley de Nueva Ley de Pesca ingresado en el gobierno de Gabriel Boric, y con eso, frenar cerca de dos años de discusión legislativa, la que estuvo cruzada por diversos conflictos, intereses y acuerdos.
A través de un comunicado de prensa, la Subsecretaría de Pesca explicó que la decisión fue consultada al Consejo Nacional de Pesca, organismo que además prontamente removerá a sus miembros, los cuales serán designados por el Presidente Kast. La decisión desató críticas desde la oposición y el mundo artesanal, mientras que la industria valoró el giro.
La decisión marca un cambio de enfoque respecto al diseño original del proyecto, que proponía transformaciones estructurales en el sistema de acceso a las cuotas, incluyendo mecanismos de licitaciones y subastas para la pesca industrial, pasando a una estrategia de cambios parciales, priorizando ajustes específicos por sobre una reforma integral.
Apoyo desde el oficialismo y la industria pesquera
Desde la industria, el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, valoró el anuncio, indicando que el retiro permitirá revisar el proyecto “de forma más profunda, detallada y participativa, con miras a un desarrollo pesquero a largo plazo”.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI), integrante de la Comisión de Pesca, y uno de los más acérrimos críticos del proyecto ingresado en el gobierno anterior, respaldó la decisión del Ejecutivo, señalando que “es una decisión correcta de nuestro gobierno, porque el actual proyecto genera cesantía, genera pobreza, genera incertidumbre desde el punto de vista jurídico”.
El parlamentario agregó que “se deben hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial”, valorando la medida como una señal positiva para regiones como el Biobío.
En una línea similar, el diputado Mauro González (RN) sostuvo que “el gobierno tiene todo el derecho de poder presentar su propia agenda en relación a la pesca y a la acuicultura”, aunque advirtió que será clave rescatar elementos del proyecto, como la plataforma social para el sector artesanal.
Críticas desde la oposición y el mundo artesanal
Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) calificó la decisión como “un hecho gravísimo”, señalando que “pone de manifiesto el aval que el gobierno de Kast está haciendo a la corrupción de la ley Longueira”, acusando además que se favorece a la gran industria pesquera.
En la misma línea, la diputada Carolina Tello (FA), integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, sostuvo que el retiro representa “un intento por preservar el legado de la ley Longueira”, agregando que existen herramientas dentro del Congreso para perfeccionar el proyecto sin necesidad de retirarlo.
A estas críticas se sumó el diputado y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien afirmó que “la Ley Longueira es la mayor vergüenza de la política chilena. Terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, y para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país”.
Brito agregó que “este trabajo no se puede echar por la borda, la pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca”, añadiendo que: “instamos a no hacer desaparecer a la pesca artesanal, de la cual dependen más de 100 mil personas en todo Chile”.
El jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, señaló en Diario Financiero que la decisión: “nos deja con la actual Ley Longueira, que está muy cuestionada, que tuvo casos de corrupción como el tema Corpesca”, agregando además que deja a su partido muy preocupado, quienes tienen dos integrantes de su bancada en la nueva Comisión de Pesca. Además, advirtió que lejos de generar un “buen clima” este tipo de decisiones del Gobierno “van en la dirección contraria”, por lo que le exigió una “muy buena explicación” al Ejecutivo.
Desde el sector artesanal, la presidenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, Sara Garrido, cuestionó la decisión, señalando que “los puntos que se quieren revisar son precisamente los mismos donde la industria se opuso durante toda la tramitación”.
Garrido advirtió que el retiro podría afectar avances clave, como la plataforma social y las medidas ambientales, agregando que “partir de cero no es una buena decisión”.
Menos privilegios para la industria pesquera, el eje del conflicto
Los principales puntos de conflicto que estarían provocando este pie atrás serían los mismos que marcaron la tramitación del proyecto: los cambios al sistema de asignación de cuotas y la introducción de licitaciones y subastas en la pesca industrial, un sistema que pone en ventaja a la histórica industria pesquera chilena por sobre la pesca artesanal, pymes y nuevas empresas pesqueras.
Para organizaciones como la Condepp, encabezada por Hernán Cortés, el retiro representa una señal negativa. “Es una señal de debilidad que legitima un sistema que la ciudadanía ya rechazó”, afirmó, insistiendo en que las licitaciones son clave para terminar con la asignación histórica de cuotas y financiar la protección social del sector artesanal.
En contraste, desde el oficialismo y la industria se ha insistido en que estos mecanismos generan incertidumbre y podrían afectar la estabilidad del sector.
¿Qué viene ahora?
Tras el retiro, la Subsecretaría de Pesca anunció que iniciará una ronda de reuniones con gremios y actores del sector para trabajar en modificaciones a la normativa vigente .
Con ello, el debate sobre la nueva Ley de Pesca no se cierra, pero sí cambia de forma: se deja atrás, al menos por ahora, la reforma estructural impulsada en el gobierno anterior, y se abre una etapa de ajustes graduales en un sector donde las tensiones entre industria, pesca artesanal y Estado siguen plenamente vigentes.
