En una sesión clave del Senado, el ministro Mario Marcel defendió la estrategia fiscal del Ejecutivo para la Ley de Fraccionamiento Pesquero, enfrentando las críticas de la industria y advirtiendo sobre los costos de no actuar. El ministro de Economía, Nicolás Grau, también participó, destacando el respaldo legislativo y cuestionando las “informaciones inexactas” que circulan en el debate.
Por PescaHoy.cl
Este lunes 7 de abril, la Comisión de Hacienda del Senado vivió una de sus sesiones más relevantes en el debate sobre la Ley de Fraccionamiento. El proyecto, que busca redistribuir las cuotas pesqueras entre el sector artesanal e industrial, fue defendido en bloque por el Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Marcel respondió directamente a los cuestionamientos planteados por la industria y por expertos ligados a la oposición. “El proyecto no es fiscalmente neutro”, sostuvo, pero explicó que se compensa la baja en ingresos del impuesto específico —producto del aumento de la fracción artesanal— con licitaciones del incremento de la cuota global, en particular del jurel. “Es más eficiente que mantener la asignación por derechos históricos”, afirmó.
El ministro también advirtió que no avanzar en la reforma sería “más costoso fiscalmente”, al desaprovechar los nuevos recursos y mantener un sistema que privilegia la concentración. Su intervención apuntó al corazón de los argumentos que han promovido gremios industriales como Sonapesca.
Por su parte, el ministro Nicolás Grau reforzó el respaldo político del proyecto, recordando que fue aprobado con 111 votos en la Cámara de Diputados. “Es un proyecto que responde a criterios de equidad territorial y social”, dijo, y agregó que “se ha instalado información inexacta en el debate que hay que corregir”.
Las voces artesanales y académicas
Desde el mundo artesanal, Hernán Cortés (CONDEPP) y Christian Sánchez (Agrippes) defendieron la reforma como una oportunidad para “corregir una injusticia histórica”. En sus palabras, el fraccionamiento vigente ha sido una “trampa” que beneficia a las grandes empresas en desmedro de los pescadores que abastecen el consumo humano. Cortés llamó a terminar con el modelo “hecho a la medida de siete familias”, mientras Sánchez destacó que “las pymes han demostrado capacidad de agregar valor y abastecer mercados que la gran industria ha abandonado”.
Académicos de la Universidad de Concepción y del Instituto Milenio en Socioecología Costera también participaron, valorando que el proyecto incorpore elementos sociales en la gestión de recursos. Plantearon que las cuotas no solo deben medirse en eficiencia económica, sino también en su capacidad de sostener comunidades costeras y el empleo local.
Reacciones políticas: ¿estrategia dilatoria o debate necesario?
El intercambio más político de la jornada lo protagonizó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien cuestionó la extensión del proceso: “El proyecto fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara, ¿cuánto más necesitamos debatir para tomar una decisión?”. Su intervención apuntó a la demora del Senado frente a una iniciativa priorizada por el Ejecutivo.
El presidente de la comisión, senador Felipe Kast (Evópoli), respondió que “se trata de una ley que modifica el corazón de la legislación pesquera”, y defendió el derecho del Senado a revisar con profundidad el texto. “Esto no se trata de retrasar, sino de hacer bien las cosas”, señaló.
En tanto, el senador José Miguel Insulza (PS) tomó distancia de la estrategia del gobierno y advirtió que el debate se está polarizando: “Estamos transformando una discusión sobre cuotas en un campo de batalla ideológico. Eso es peligroso”.
El senador Javier Macaya (UDI) reiteró sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, especialmente respecto a los derechos adquiridos por el sector industrial.
Alta participación de expertos y organizaciones
En total, participaron más de ocho invitados en la sesión, entre ellos representantes gremiales, académicos y exautoridades del área. Entre quienes expresaron posturas cercanas a la industria se contaron Tomás Menchaca, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y el economista Jorge Quiroz, quienes alertaron sobre el riesgo de desincentivar inversiones y una eventual caída en la eficiencia del sistema de licencias.
Por otro lado, las voces desde la ciencia y la pesca artesanal —como Castilla, el Instituto Milenio SECOS, la UdeC, CONDEPP y Agrippes— entregaron sólidos argumentos a favor del nuevo fraccionamiento, planteando que este puede corregir distorsiones históricas, mejorar la equidad y favorecer el desarrollo territorial de las comunidades costeras.
El proyecto sigue avanzando en la Comisión de Hacienda, donde el Ejecutivo espera lograr su despacho durante abril, en medio de crecientes presiones desde ambos sectores. Lo que está en juego no es solo una redistribución de cuotas, sino también una definición política sobre cómo equilibrar justicia social, sostenibilidad y recaudación fiscal en el mar chileno.
