Esta semana, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados volvió a discutir el proyecto que busca reemplazar la actual Ley General de Pesca. La sesión no estuvo libre de roces: hubo tensión entre el Gobierno y varios parlamentarios, sobre todo por las dudas que aún persisten respecto a cómo afectará el nuevo sistema de fraccionamiento de cuotas pesqueras a las distintas regiones del país.
Durante la jornada se avanzó en la revisión de varios puntos clave del proyecto. Aun así, siguen abiertas muchas preguntas políticas y técnicas sobre cómo se va a repartir el acceso a los recursos pesqueros. Esto cobra más fuerza ahora que el nuevo sistema de fraccionamiento está a punto de entrar en vigencia.
El fraccionamiento preocupa a regiones pesqueras
Una de las principales inquietudes fue cómo este nuevo modelo de reparto impactará en las regiones. Diputadas y diputados de distintos sectores exigieron al Ejecutivo respuestas más claras. ¿Cómo se verán afectadas las zonas más dependientes de la pesca? ¿Qué consecuencias tendrá esto en el empleo y la producción local?
Las alertas se encendieron especialmente en regiones como Biobío, Ñuble, Los Ríos y Valparaíso. Desde la oposición, por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla manifestó su preocupación por el efecto que podrían tener estos cambios en el empleo industrial, sobre todo en zonas con muchas plantas procesadoras.
Otros parlamentarios compartieron esa mirada y advirtieron que, sin una base técnica sólida y transparente, la redistribución de cuotas podría generar desequilibrios graves entre territorios. Por eso pidieron al Ejecutivo un detalle más claro sobre cómo se asignarán los recursos por región, y qué criterios se usaron para definir esa distribución.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, reconoció que es necesario transparentar el proceso y se comprometió a entregar un informe técnico que explique cómo se llegó a las decisiones actuales. El objetivo, según dijo, es dar certezas y bajar la tensión política que ha ido creciendo en torno a este tema.
Avances en el acceso artesanal
Mientras tanto, la comisión siguió avanzando en temas relacionados con la pesca artesanal. Se aprobaron varias disposiciones enfocadas en mejorar el acceso y las condiciones para quienes trabajan en este sector, que es clave en muchas zonas costeras del país.
Entre los temas abordados estuvieron la protección de la primera milla marina para embarcaciones artesanales, la posibilidad de operar en regiones vecinas bajo ciertas condiciones, y medidas para facilitar la movilidad de patrones y tripulantes. También se discutió cómo se distribuirán las cuotas dentro del sector artesanal, con la promesa de considerar factores como el historial de capturas, la equidad territorial y la sostenibilidad de los recursos.
Además, se aprobaron herramientas que permitirán al Estado ordenar y regular mejor la actividad artesanal, incluyendo la opción de definir períodos de captura, establecer límites temporales o autorizar ciertas actividades en casos de fenómenos climáticos extremos.
La comisión anunció que el debate continuará la próxima semana, con especial atención al tema del fraccionamiento por zonas—uno de los puntos más sensibles y discutidos del proyecto.
Así, la construcción de una nueva Ley General de Pesca sigue su curso, aunque bajo un escrutinio cada vez más fuerte. El Gobierno tiene el desafío de explicar con más claridad cómo funcionará este nuevo modelo en un contexto marcado por tensiones históricas y profundas diferencias entre regiones pesqueras.
