Comisión de Pesca cita al Gobierno por dictamen de Contraloría que frenó ingreso de nuevos pescadores
La instancia pidió la presencia del ministro de Economía y del subsecretario de Pesca para conocer cómo responderá el Ejecutivo al pronunciamiento que dejó en suspenso la incorporación de miles de armadores al Registro Pesquero Artesanal. En la misma sesión, un emprendimiento de valor agregado y los trabajadores salmoneros expusieron sus demandas
Una nueva Comisión de Pesca del Senado ocurrió esta semana la cual tuvo foco sobre la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero (Ley N° 21.752), luego de que sus integrantes analizaran el reciente dictamen de la Contraloría que cuestionó una resolución del gobierno anterior. El debate se dio fuera de tabla, al inicio de la sesión, y terminó con un acuerdo: convocar al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, ausente este miércoles, tras excusarse para la próxima reunión.
El conflicto tiene dos caras. Por una parte, la resolución exenta N° 2.563 de 2025 de Subpesca, impulsada por el exsubsecretario Julio Salas durante la administración de Gabriel Boric, instruía incorporar al Registro Pesquero Artesanal (RPA) a armadores de una o dos embarcaciones en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.
Por otra, fue la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), gremial de la gran industria, la que recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso, que mediante el Oficio N° OF110267/2026, del 10 de junio, declaró ilegal esa resolución. El órgano fiscalizador concluyó que la Ley de Fraccionamiento solo modificó la distribución de cuotas entre los sectores artesanal e industrial, pero no faculta reabrir pesquerías cerradas ni incorporar nuevos actores a recursos en plena explotación, y que la medida exigía consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo.
El dictamen abrió un nuevo frente entre actores del sector. El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal rechazaron el pronunciamiento y anunciaron que estudian acciones legales para revertirlo, al estimar que termina por bloquear el acceso de miles de pescadores a las cuotas que el fraccionamiento abrió para el sector artesanal.
En la comisión, el senador Daniel Núñez (PC) sostuvo que el reparo de Contraloría sería «de forma y no de fondo», pero advirtió que podría afectar a miles de embarcaciones artesanales menores de 12 metros, especialmente en jibia, jurel, reineta, merluza de cola, camarón y langostino.
El senador Fidel Espinoza (PS) exigió la presencia del subsecretario de Pesca o, en su defecto, del ministro de Economía, mientras que Miguel Ángel Calisto (IND) pidió una sesión especial por el impacto nacional, territorial y productivo del tema. El senador Iván Flores (DC) introdujo el matiz que ordena la discusión: a su juicio, la objeción abre un debate sobre la vía jurídica utilizada, pero no necesariamente invalida el fondo de la distribución de cuotas.
Un emprendimiento busca dar valor agregado a la pesca artesanal
La jornada continuó con la exposición de Felipe Jorquera, de Ody Snack, emprendimiento familiar de Talcahuano, con seis generaciones ligadas a la pesca artesanal, que elabora alimentos deshidratados para mascotas a partir de sardina, anchoveta y jurel. Jorquera explicó que el negocio busca agregar valor a recursos que hoy se destinan mayoritariamente a harina y aceite de pescado: una tonelada destinada a reducción se vende en torno a los $205 mil, mientras que transformada en producto para mascotas puede alcanzar ventas cercanas a los $9 millones.
El principal obstáculo, expuso, es normativo: la Ley de Pesca reconoce categorías como reducción, carnada o consumo humano, pero no la alimentación animal directa, lo que ha generado un vacío legal y demoras con Sernapesca. Pidió autorizar el uso de un porcentaje de la cuota propia para ese destino, sin aumentar el esfuerzo pesquero, y advirtió trabas para acceder a instrumentos como el Sello Azul o fondos de INDESPA, diseñados para registros tradicionales y no para una sociedad por acciones.
La iniciativa recibió respaldo transversal de Kuschel (RN), Espinoza (PS) y Flores (DC), este último con la propuesta de pedir a la Biblioteca del Congreso un análisis sobre los vacíos que frenan este tipo de industrialización.
Trabajadores salmoneros piden destrabar las micro relocalizaciones
En la segunda parte, la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas Afines llegó a defender las micro relocalizaciones de concesiones acuícolas en el marco del proyecto de reconstrucción nacional (Boletín N° 18.216-05), que tramita una reforma tributaria estructural. Su presidente, Alejandro Santibáñez, distinguió ese mecanismo de las relocalizaciones tradicionales, de las que desde 2016 solo se concretaron dos, por su complejidad: las micro relocalizaciones serían ajustes acotados dentro del mismo espacio ya concesionado, para mover centros mal ubicados hacia zonas con mejores condiciones ambientales y sanitarias.
Abraham Abad, del sindicato de Mowi en Aysén, reforzó que no implican trasladar la concesión a otro territorio, sino reordenarla. Elena Zúñiga, trabajadora de Calbuco, relevó el impacto laboral y de género: muchas mujeres jefas de hogar quedan meses sin trabajo cuando no hay materia prima que procesar.
El senador Fidel Espinoza (PS) valoró la propuesta, pero la condicionó a resguardar los caladeros de la pesca artesanal y a mejorar los estándares de seguridad laboral, a propósito de la tragedia de la embarcación Coñimo, en Ralún, donde murieron seis trabajadores. Calisto (IND) advirtió que el proyecto del Ejecutivo habla de «ajustes cartográficos» y no de micro relocalizaciones, por lo que anunció una indicación para incorporar el concepto, y planteó exigir compensaciones territoriales mediante impuestos, patentes o un royalty a la salmonicultura.
Por su parte, el senador Kusanovic (IND) defendió con fuerza la expansión de la industria, en especial en Magallanes, acusando al Estado de limitarla en exceso. Flores (DC), en cambio, objetó el vehículo legislativo: pidió sacar la materia del proyecto de reconstrucción, por su mezcla con la reforma tributaria, y tramitarla por otra vía, como la Ley de Presupuestos o el reajuste.
La comisión acordó solicitar que los trabajadores sean escuchados también en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, donde avanza el proyecto, e invitar a los gremios de la industria salmonera. Además, se planteó evaluar una sesión en terreno en la Región de Aysén.
