Luego de tres inasistencias previas, el ministro de Economía, Daniel Mas, finalmente asistió ante la Comisión de Pesca de la Cámara. A la sesión asistieron también representantes de gremios de la pesca industrial, quienes defendieron el retiro de la ley de pesca.
Este miércoles, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados recibió al ministro de economía, Daniel Mas, quien en su intervención inicial, ofreció disculpas por no haber asistido anteriormente. En la sesión presidida por el diputado, Alejandro Bernales (PL), el secretario de Estado definió a la pesca como un “pilar de la economía nacional”, enfatizando su impacto en empleo, exportaciones y actividad productiva, y sostuvo que el foco del gobierno estará puesto en medidas con efecto directo en los ingresos.
Su presencia habilitó que parlamentarios de distintos sectores exigieran mayor claridad en la hoja de ruta del Ejecutivo respecto al sector, especialmente tras el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca, decisión que sigue generando incertidumbre.
Bono de $100.000 de combustible generó críticas transversales
El ministro de Economía presentó el «Cupón Pesca Artesanal», un voucher de $100 mil mensuales para combustible por hasta seis meses, dirigido a embarcaciones artesanales de hasta 12 metros con actividad acreditada. El ministro Mas justificó la medida señalando que el combustible representa entre el 30% y el 60% de los costos operacionales del sector, y proyectó su implementación para fines de mayo, sujeto a coordinaciones con BancoEstado.
La medida, sin embargo, no generó consenso. La diputada Andrea Macías (PS) cuestionó que el diseño no considera las diferencias regionales en el precio del combustible, especialmente en Aysén, donde el diésel es significativamente más caro que en el resto del país. La diputada Nathalie Castillo (PC) fue más directa: sostuvo que la respuesta adecuada al alza de combustibles era el MEPCO y no un cupón que calificó de «insuficiente» frente al impacto real en la cadena productiva pesquera.
Por su parte, la Asociación Gremial de Plantas Pesqueras de Chile (Appes) mencionó el alza de combustibles como parte de sus problemas operativos, centrándose en el desabastecimiento de jurel. Los armadores y los sindicatos de trabajadores de plantas industriales no se refirieron al cupón.
Retiro de la nueva Ley de Pesca
El segundo eje de la sesión estuvo marcado por la defensa del Ejecutivo al retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca, una decisión que sigue reconfigurando el escenario legislativo del sector.
El ministro Mas justificó la medida señalando que el proyecto presentaba “incertidumbre regulatoria”, refiriéndose a materias estructurales como subastas, competencia e inversión, además de debilidades en gobernanza, articulación institucional y Fondo de la Pesca Artesanal.
También destacó que el retiro de la ley fue consultado al Consejo Nacional de Pesca, donde, según expresó, hubo una “amplia mayoría con opinión favorable”, algo que había sido discutido por diversos actores artesanales.
En la misma línea, el subsecretario Urrutia reforzó que el gobierno no impulsará iniciativas que pongan en riesgo el empleo, cuestionando además que la plataforma social del proyecto retirado no contaba con financiamiento real.
En tanto, la diputada Tello (FA) si bien valoró la presencia del ministro, pidió transparentar el acta del Consejo Nacional de Pesca, para validar el supuesto respaldo transversal al retiro de la ley de pesca.
Al contrario, parlamentarios UDI, RN y Republicanos, en conjunto con los representantes industriales, defendieron el retiro de la ley de pesca. El diputado Bobadilla (UDI) calificó la decisión como «acertada» y «valiente», argumentando que el proyecto generaba «incertezas jurídicas» que frenaban la inversión y el empleo.
En la misma línea, los diputados Vergara y Riquelme, ambos de Republicanos, valoraron el retiro y plantearon que la comisión debe avanzar hacia el debate de fondo: cuotas, jibia y desarrollo regional. Desde el sector, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantas de Consumo Humano de la Industria Pesquera de Iquique y la Asociación Gremial de Armadores Históricos del Biobío también respaldaron la decisión, aunque con matices: ambas organizaciones reconocieron que el proyecto contenía elementos valiosos, pero coincidieron en que era preferible mejorar la normativa vigente antes que reemplazarla por completo, advirtiendo que la discusión anterior no recogió adecuadamente la realidad regional ni el impacto en el empleo industrial.
La disputa por el financiamiento de la Plataforma Social via licitaciones
Uno de los momentos más tensos de la sesión se dio en torno la ley de la jibia, el empleo en plantas pesqueras y el futuro de la plataforma social.
El subsecretario Urrutia confirmó que el gobierno está evaluando fórmulas para habilitar la captura del 10% industrial de la jibia actualmente bloqueado, lo que reabre un debate sensible en regiones como Biobío, aunque declaró no tener una postura definitiva.
Esto generó un contrapunto directo entre ambos sectores: mientras sectores oficialistas defendieron la actual regulación por su impacto en la pesca artesanal, desde la oposición se insistió en sus efectos negativos sobre el empleo industrial, particularmente femenino.
A ello se sumó la disputa por la plataforma social. La diputada Tello (FA) sostuvo que el proyecto retirado sí contemplaba financiamiento, acreditado en un informe financiero y a través de la mayor recaudación proyectada por licitaciones de cuotas industriales.
El subsecretario Urrutia lo refutó: ese financiamiento dependía de subastar el 50% de los derechos de pesca, lo que, a su juicio, habría dejado sin trabajo a miles de trabajadores de la región del Bio Bio.
La discusión, sin embargo, recibió un dato incómodo desde el propio sector industrial. Representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantas de Consumo Humano de la Industria Pesquera de Iquique denunciaron que la plataforma social no es solo una promesa futura: ya existe en la ley vigente, pero llevan cinco años sin acceso efectivo a las capacitaciones y recursos que contempla. Según advirtieron, existirían fondos asociados que nunca llegaron a los trabajadores, por lo que pidieron fiscalizar qué ocurrió con esos recursos.
La sesión también dejó registro de tensiones territoriales que van más allá del eje Biobío-sur. El diputado Guillermo Ossandón (PDG) relevó la situación de las mujeres de la pesca en Antofagasta y denunció trabas administrativas que afectan el funcionamiento de caletas en el norte del país, una realidad que, advirtió, no está siendo considerada en el diseño de los instrumentos de apoyo.
Al cierre, el presidente de la comisión, diputado Alejandro Bernales (PL), anunció que la próxima sesión abordará materias de pesca ilegal, fiscalización e intereses marítimos, con invitación a la Armada, el Ministerio de Defensa y Subpesca. La agenda marca un giro hacia temas de soberanía y control que habían quedado postergados durante la larga tramitación del proyecto retirado.
