Los pescadores artesanales de Porvenir sufrieron un revés en la causa por la colusión de la centolla. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud presentada por un grupo de trabajadores de Magallanes para incorporarse como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el juicio por la presunta coordinación de precios de compra del recurso.
Según informó La Prensa Austral, la resolución fue dictada el pasado 29 de julio y deja a los pescadores sin la calidad procesal que buscaban para participar activamente en una causa donde la propia FNE los ha identificado entre los principales afectados.
Por qué importa la colusión de la centolla
Los solicitantes, en su mayoría pescadores de Porvenir y sus alrededores, argumentaron que fueron directamente perjudicados por la conducta investigada. La FNE acusa la existencia de un acuerdo destinado a fijar los precios de compra de la centolla, mientras los pescadores sostienen que su condición de proveedores primarios los ubicó directamente entre quienes soportaron los efectos económicos de esa conducta.
En su presentación afirmaron haber sido «engañados por las empresas requeridas durante años» y plantearon que las consecuencias no se limitaron al ámbito patrimonial, sino que también afectaron otras dimensiones de su calidad de vida.
El TDLC, sin embargo, consideró que esos argumentos no eran suficientes para autorizar su incorporación al proceso por la colusión de la centolla.
Por qué el TDLC rechazó su participación
El tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes para vincular a los solicitantes, mediante un interés actual y concreto relacionado con la libre competencia, con los hechos que actualmente se encuentran bajo investigación.
La resolución señaló que los pescadores no acreditaron su condición de proveedores, contratos con las empresas requeridas ni la manera en que habrían resultado afectados por los precios de compra de la centolla durante el período investigado.
La decisión fue unánime y adoptada por los ministros Nicolás Rojas Covarrubias, presidente del tribunal; Silvia Retamales Morales, Ignacio Parot Morales, Jaime Barahona Urzúa y María de la Luz Domper Rodríguez.
Con esta determinación, el TDLC acogió la posición planteada por las propias empresas requeridas en la causa por la colusión de la centolla, que se habían opuesto al ingreso de los pescadores.
Qué argumentaron las empresas
Entre las compañías mencionadas se encuentran Productos Marinos Puerto Williams (PMPW), Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Proyecta Corp S.A., además de personas naturales requeridas en el proceso.
Las empresas plantearon distintos argumentos para solicitar el rechazo. Entre ellos, sostuvieron que los tripulantes son trabajadores dependientes de los armadores y no participantes del mercado relevante, que los pescadores no demostraron mantener relaciones comerciales con las compañías y que corresponde exclusivamente a la FNE representar el interés general en el orden económico.
La causa principal continúa
La resolución no pone término al juicio por la colusión de la centolla. La causa principal continuará su tramitación, aunque los pescadores que realizaron la solicitud no podrán participar bajo la figura de terceros coadyuvantes de la FNE.
De acuerdo con el requerimiento, la Fiscalía Nacional Económica investiga a siete empresas que habrían concentrado entre el 81% y el 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021. El organismo acusa una coordinación de precios que se habría extendido durante al menos nueve temporadas consecutivas.
La FNE estima que al menos 2.000 familias habrían resultado afectadas cada año y solicitó multas superiores a las 62.000 UTA, equivalentes a alrededor de $53 mil millones.
Qué viene ahora
El rechazo del TDLC significa que el grupo de pescadores queda fuera de la causa por colusión de la centolla en la calidad procesal que había solicitado, luego de organizarse durante meses para intentar participar directamente en el procedimiento.
Según los antecedentes publicados, algunos dirigentes habían reconocido incluso la existencia de temor a eventuales represalias comerciales dentro del sector.
La decisión, sin embargo, no cierra todas las alternativas para los pescadores. El grupo mantiene otras vías legales para buscar una eventual reparación de los perjuicios en caso de que la colusión de la centolla sea finalmente sancionada. Mientras tanto, el juicio iniciado a partir del requerimiento de la FNE seguirá su curso ante el TDLC.
