Denuncia ante el Tribunal
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este lunes una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra siete empresas y ocho ejecutivos acusados de colusión en la compra de centolla magallánica. Según el organismo, la práctica se extendió entre los años 2012 y 2021, según una nota publicada en Emol.
Coordinación entre empresas
De acuerdo con la investigación, representantes de las compañías intercambiaban información estratégica sobre los precios a pagar por la centolla. Estas coordinaciones se realizaban en muelles de desembarque, ferias internacionales, reuniones locales o mediante llamados telefónicos, correos electrónicos y WhatsApp.
Las empresas señaladas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
Impacto en los pescadores
El esquema incluía fijar precios de compra al inicio de la temporada y retrasar o contener las alzas durante el período extractivo, que va de julio a noviembre. Esta práctica redujo los ingresos de los pescadores artesanales de Magallanes. Entre 2017 y 2021, las firmas acusadas adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada, destinada casi en su totalidad a exportación con China, Estados Unidos y México como principales destinos.
Delación compensada
La investigación comenzó en julio de 2020 tras una denuncia. En febrero de 2021, la empresa Bakkavör y tres de sus ejecutivos se acogieron a la delación compensada, confesando su participación y la de otras compañías en el cartel.
La FNE solicitó multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (equivalentes a 54 millones de dólares) a las empresas involucradas, y sanciones adicionales por 445 mil dólares a los ejecutivos responsables.
Perjuicio económico
El organismo concluyó que los pescadores artesanales recibieron menores pagos en comparación con los que habrían obtenido en un escenario competitivo. El caso ahora queda en manos del TDLC, que deberá resolver las sanciones.
