El Juzgado de Garantía de Coronel resolvió este lunes las medidas cautelares para los tres tripulantes del pesquero Cobra, formalizados por su eventual responsabilidad en el naufragio de la lancha artesanal Bruma, tragedia ocurrida en marzo de 2025 que dejó siete pescadores fallecidos.
Tras una audiencia que se extendió por tres jornadas, el tribunal decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y con la empresa Blumar, descartando la prisión preventiva solicitada por algunos intervinientes.
Los imputados son el capitán Roberto Mancilla, el oficial de guardia Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval, quienes enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio múltiple, en una causa que sigue tensionando al sector pesquero.
Ministerio Público descarta existencia de dolo
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los hechos se enmarcan en un delito imprudente, descartando la existencia de dolo. Este punto fue clave para que no se solicitaran medidas cautelares más gravosas, optando por restricciones de menor intensidad mientras avanza la investigación.
En paralelo, las defensas presentaron argumentos que cuestionan la atribución de responsabilidades, configurando un escenario judicial donde las interpretaciones sobre lo ocurrido siguen siendo divergentes.
El caso se remonta al 30 de marzo de 2025, cuando la lancha Bruma naufragó tras una colisión al noreste de la isla Santa María, en la comuna de Coronel, en uno de los episodios más graves para la pesca artesanal reciente en la región del Biobío.
Blumar queda fuera de cautelares en esta etapa
Uno de los puntos que generó mayor atención fue la situación de la empresa Blumar, cuya eventual responsabilidad también fue analizada durante la formalización.
Sin embargo, el tribunal resolvió que no se aplicarán medidas cautelares contra la compañía en esta etapa del proceso, dejando abierta la discusión sobre su rol en los hechos para fases posteriores de la investigación.
Familias evalúan nuevas acciones judiciales
Desde la representación de las familias de las víctimas, el abogado Rafael Paulete adelantó que se encuentran evaluando recurrir a instancias superiores con el objetivo de ampliar la formalización.
En particular, buscan incorporar eventuales delitos de obstrucción a la investigación, lo que podría modificar el escenario judicial y abrir la puerta a solicitar medidas cautelares más severas, como la prisión preventiva.
El tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación, periodo en el cual la fiscalía deberá reunir antecedentes, peritajes y testimonios para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.
El desarrollo de esta causa será seguido de cerca tanto por el mundo artesanal como por la industria, en un contexto donde la seguridad en faenas marítimas y las responsabilidades operacionales vuelven a instalarse en el centro del debate sectorial.
El desenlace judicial del caso Bruma no solo impactará a las familias afectadas, sino que también podría marcar precedentes relevantes en materia de responsabilidad en operaciones pesqueras y estándares de navegación en el país.
