Una nueva acción judicial reabre el conflicto en torno al caso Bruma. Según consignó Portal Metropolitano, la Corporación de Fomento y Desarrollo de Orilleros, Pescadores Artesanales y Orilleras de Chile (Corpach) presentó una querella criminal contra la empresa Blumar S.A., su directorio y los responsables de la nave Cobra, por un presunto delito de contaminación de aguas tras el naufragio ocurrido en marzo de 2025 .
La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Coronel y se fundamenta en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, además de la *Ley de Delitos Económicos y Ambientales*.
Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando la nave industrial Cobra colisionó con la lancha artesanal Bruma, provocando su hundimiento y la muerte de siete pescadores artesanales .
Pero el conflicto no sólo se limita a la tragedia humana. Corpach sostiene que la embarcación artesanal transportaba al menos 5.000 litros de diésel, los que habrían sido vertidos completamente en el Golfo de Arauco tras el impacto.
Desde la organización advierten que ese combustible permanece en el fondo marino, afectando directamente los recursos bentónicos y pelágicos de los que dependen las comunidades costeras.
En qué consiste la querella
La querella apunta a establecer responsabilidad no solo individual, sino también corporativa, invocando la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En ese marco, Corpach subraya que Blumar ya fue formalizada en la causa por homicidio culposo, lo que abre un precedente relevante: por primera vez, una empresa pesquera enfrenta simultáneamente acciones penales por muerte y daño ambiental en un mismo caso .
Las sanciones solicitadas incluyen penas de presidio, multas de hasta 10.000 UTM y otras medidas accesorias.
Desde el mundo artesanal, el caso ha sido interpretado como un punto de inflexión. Dirigentes sostienen que el derrame no solo constituye un daño ambiental, sino también una amenaza directa a la subsistencia económica de cientos de familias del Golfo de Arauco.
La querella advierte que mientras no exista un proceso de saneamiento efectivo, la recuperación de la actividad pesquera seguirá en entredicho.
En paralelo, la autoridad marítima inició una investigación administrativa y remitió antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio Público.
Responsabilidad ambiental como precedente
El avance de esta causa abre un escenario complejo para la industria. No solo se suma a las responsabilidades penales en curso por el naufragio, sino que incorpora una dimensión ambiental que podría reconfigurar los estándares de responsabilidad en el sector pesquero.
Las diligencias solicitadas incluyen la participación de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI y la declaración de ejecutivos de la empresa, lo que anticipa una investigación de alto impacto.
En un contexto de reformas legales y cuestionamientos a la gobernanza del sector, el caso Bruma comienza a perfilarse como un test de responsabilidad empresarial, regulación ambiental y equilibrio entre pesca industrial y artesanal en Chile.
