En su última Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, el Presidente Gabriel Boric reafirmó el compromiso de su gobierno con una nueva Ley de Pesca, planteando la necesidad de poner fin a los “privilegios indebidos que se arrastran desde hace años”. La frase, breve pero cargada de simbolismo, llega en medio de semanas de alta tensión legislativa tras los errores del Ejecutivo en la Comisión Mixta y el rechazo a la fórmula de financiamiento vía licitaciones.
“Estamos comprometidos con una nueva Ley de Pesca, que asegure una distribución justa de los recursos marinos, respete el trabajo de nuestros pescadores y ponga fin a los privilegios indebidos que se arrastran desde hace años”, sostuvo el Mandatario en su discurso, sin hacer alusión directa al proyecto de Ley de Fraccionamiento ni al impasse vivido por la Subsecretaría de Pesca.
La omisión fue notada por algunos parlamentarios del oficialismo y del mundo artesanal, justo cuando se acerca una jornada crítica: este miércoles 5 de junio, la Comisión Mixta retomará la discusión sobre el mecanismo de financiamiento de la plataforma social para la pesca artesanal, luego de que fuera rechazado el financiamiento original mediante la licitación de la nueva cuota de jurel entregada por la OROP.
Tensiones en aumento
El nuevo escenario ha reactivado propuestas que ya habían sido desechadas en el pasado, como la del diputado Leonidas Romero, que propone aplicar una patente a las cuotas de jurel adquiridas en el extranjero. Esta idea ha sido duramente criticada por pequeños industriales, ya que afectaría principalmente a las pymes que no cuentan con licencias clase A, obligándolas a pagar hasta cinco veces más por tonelada que las grandes pesqueras.
Mientras tanto, el Ejecutivo no ha presentado una propuesta formal de financiamiento, lo que mantiene en vilo a dirigentes artesanales que esperaban certezas tras la última sesión. La posibilidad de un veto aditivo presidencial también sigue sobre la mesa, en caso de que las Cámaras rechacen los artículos clave relacionados con el fraccionamiento de la merluza (52% artesanal vs. 48% industrial) o con la recaudación vía licitaciones.
La sesión de este miércoles podría ser decisiva para definir si el proyecto logra avanzar o si el gobierno enfrenta un nuevo revés en una de las reformas que había prometido desde los primeros meses de su mandato.
