El Ministerio de Economía y Subpesca presentaron un plan de mitigación focalizado en cerca de 9 mil embarcaciones de pequeña escala. El beneficio se canalizará vía INDESPA y tiene un costo total de $6 mil millones.
La presión del combustible sobre las caletas
El alza en el precio de los combustibles llegó al sector artesanal en el punto de mayor vulnerabilidad: los costos operacionales. Para las embarcaciones de menor tamaño, la gasolina y el diésel representan entre el 30% y el 60% del gasto por faena, una proporción que no tiene equivalente en otros segmentos productivos del país. A eso se suma una exclusión estructural: la mayoría de estas embarcaciones opera con gasolina y sin inicio de actividades formal, lo que las deja fuera de mecanismos de compensación como la devolución del impuesto específico al diésel, un beneficio al que sí accede la flota industrial.
En ese contexto, el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) presentaron un plan de medidas de mitigación dirigido exclusivamente a la pesca artesanal de pequeña escala.
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Qué contempla el plan
El eje central es un bono sectorial único y anticipado: una transferencia directa de $100.000 mensuales por seis meses por embarcación. Para acceder al beneficio, las embarcaciones deberán contar con Registro Pesquero Artesanal (RPA) vigente y acreditar actividad durante 2025 y durante el mes en que se solicite el beneficio. La medida está acotada a embarcaciones de eslora no superior a 12 metros, segmento que concentra a cerca de 9 mil unidades con operaciones registradas el año pasado.
La implementación quedará a cargo del Instituto para el Desarrollo Pesquero Artesanal (INDESPA), con apoyo de Subpesca. El costo total del plan asciende a $6 mil millones.
El subsecretario Osvaldo Urrutia defendió la iniciativa como una respuesta concreta a una presión que amenaza la continuidad operativa del sector: señaló que el trabajo de los últimos días buscó generar una propuesta que permita mitigar, en parte, los efectos del alza del combustible, evitando una baja en la operatividad a lo largo del país.
El diseño del plan está deliberadamente acotado. Al restringirlo a embarcaciones activas y de menor tamaño, el Ejecutivo busca optimizar el uso de recursos fiscales en un escenario de estrechez presupuestaria. Urrutia lo encuadró como una medida «responsable», ajustada a «la situación fiscal imperante».
