El anuncio del Gobierno de entregar un bono de $100 mil mensuales por seis meses a pescadores artesanales generó reacciones inmediatas en el sector. Mientras algunos dirigentes valoraron que, por primera vez, se reconozca el impacto del combustible en la actividad, otros calificaron la medida como insuficiente e incluso desconectada de la realidad operativa de las caletas.
Apoyo con matices: “Es algo, y antes no estábamos ni considerados”
Desde la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), su presidenta Zoila Bustamante destacó que el beneficio responde a una demanda histórica del sector.
“Nosotros fuimos los que pusimos dentro de la agenda que así como iban a mitigar a los taxistas o furgones escolares, también a nosotros. Porque no hay que olvidar que siempre hemos pagado el impuesto específico”, señaló.
Bustamante recalcó que, aunque el monto puede ser considerado bajo, representa un avance respecto de la exclusión previa del sector en políticas de compensación.
“A lo mejor dirán algunos que no es mucho, pero es algo, y más cuando antes no estábamos ni en las cómicas, y hoy día nos tomaron en cuenta”, afirmó, valorando además que el bono esté focalizado en pescadores activos y no en “especuladores”.
Críticas duras: “Es un atentado a la inteligencia”
Más crítico fue el tono desde el norte del país. Pascal Aguilera, representante de la macrozona de las regiones de Atacama y Coquimbo, cuestionó directamente el diseño del bono.
“Cien mil pesos nosotros lo utilizamos en una salida, y ahí nomás, unas cuantas millas. Entonces, cuando te ofrecen cien mil pesos mensuales, creo que es un atentado a la inteligencia humana”, afirmó.
En la misma línea, Gabriel Ramos, dirigente del norte, acusó una “desconexión total” del Ejecutivo con la realidad del sector.
“Esto es una burla total. Cada vez debemos salir más lejos a buscar los recursos. ¿Usted cree que con cien mil pesos se podrá sustentar una operación? Pues no”, señaló, advirtiendo además que el alza de costos podría dejar fuera a pescadores y favorecer a la industria.
Dirigentes apuntan a soluciones estructurales
Desde el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), su presidente Hernán Cortés adoptó una postura intermedia: valoró el bono, pero cuestionó su alcance.
“Igual se agradece el gesto de ayuda. Creo que es escaso, con poca cobertura. Debería abordar a todo el sector pesquero artesanal”, afirmó.
Cortés vinculó el debate con una discusión mayor que quedó en suspenso tras el retiro del proyecto de Ley de Pesca: la plataforma social para pescadores.
“La verdadera solución se llama plataforma social, y ésta tiene que tener financiamiento adecuado como fue propuesto en el Parlamento”, sostuvo.
El foco en el impuesto específico
Desde el sur, el consejero nacional de pesca Marco Ide valoró que el bono reconozca el problema, pero advirtió que no aborda la raíz del conflicto.
“Es un alivio momentáneo, pero el problema de fondo sigue pendiente. Hoy quienes trabajan con bencina no pueden recuperar el impuesto específico, y esa desigualdad se arrastra desde la creación de este tributo”, explicó.
Ide también cuestionó la exclusión de organizaciones de áreas de manejo, que quedan fuera del beneficio pese a enfrentar costos similares.
“Esto no es solo un tema de ayuda; es un tema de equidad dentro de la propia pesca artesanal”, enfatizó.
El bono anunciado por el Ejecutivo busca sostener la operación de cerca de 9 mil embarcaciones de pequeña escala, en un contexto donde el combustible representa hasta el 60% de los costos por faena.
Sin embargo, las reacciones del sector dejan en evidencia un diagnóstico compartido: el apoyo es valorado como señal política, pero insuficiente frente a un problema estructural.
El debate, así, vuelve a instalarse en un terreno más amplio: el acceso a mecanismos permanentes de compensación, la equidad tributaria y la necesidad de una política de largo plazo para la pesca artesanal.
