Las organizaciones de pesca artesanal subieron el tono este jueves y pusieron contra las cuerdas al Presidente Gabriel Boric: le están pidiendo que le dé discusión inmediata al proyecto de Nueva Ley de Pesca, que hoy sigue estancado en la Cámara de Diputados. Según ellos, si el Gobierno no da una señal política clara, el proyecto podría quedar congelado, tal como pasó con la fallida anulación de la Ley Longueira.
Temor a que todo vuelva a quedar en nada
El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal alertaron que hay un “riesgo serio” de que esta reforma no avance si no se tramita antes del cambio de gobierno. ¿El temor de fondo? Que una futura administración —quizás más cercana a los intereses de la gran industria— decida frenar todo y mantener intacto el sistema de cuotas pesqueras impuesto en 2012, donde predomina la concentración y hay muy poca competencia.
Este temor no es nuevo. Las agrupaciones recuerdan experiencias pasadas que dejaron cicatrices: leyes entrampadas, intentos de nulidad que no prosperaron, y un modelo que otorgó derechos de pesca por 20 años renovables a unas pocas empresas, sin licitaciones de por medio.
“Nos preocupa profundamente que una nueva administración decida frenar este proyecto”, dijo Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, apelando al compromiso que Boric asumió con la pesca artesanal durante su campaña.
La Plataforma Social: una deuda histórica
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la creación de una Plataforma Social para la pesca artesanal. ¿El objetivo? Empezar a saldar las brechas históricas en materia de seguridad laboral, acceso a seguros y condiciones de trabajo.
Pero aquí hay una traba: esa plataforma solo será viable si el proyecto sigue avanzando, ya que su financiamiento depende de los fondos que se generen con la subasta de licencias de pesca industrial, que están incluidas en la iniciativa del Ejecutivo.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, fue tajante: “Estamos en total indefensión”, dijo, recordando casos recientes como el de la lancha Bruma, donde —una vez más— quedó claro que el apoyo estatal brilla por su ausencia.
Las sombras del pasado y el poder empresarial
Otro motivo de inquietud: el historial del sector opositor. Las organizaciones recuerdan que Jorge Quiroz —actual asesor económico clave de la oposición— se opuso a licitar el 100% de las cuotas industriales cuando era ministro Fontaine. Esa decisión, dicen, permitió que las grandes pesqueras sigan controlando el mar gracias a asignaciones directas y renovables. Hoy, ese antecedente vuelve a causar preocupación.
El mensaje está claro
La CONDEPP y la Alianza insisten: esto no es una pelea entre partidos. Es una urgencia social. Hay miles de familias que dependen de que esta ley salga adelante antes de que termine el año.
“Presidente Boric, la pesca artesanal no puede esperar otro ciclo legislativo. Es ahora o nunca”, cerraron desde la Alianza, llamando al Gobierno a activar la urgencia y empujar la votación final.
