Ley Bruma obtiene respaldo unánime en medio de llamado urgente para renovar la flota artesanal
La Comisión de Pesca de la Cámara aprobó en general el proyecto de fortalecimiento de la seguridad marítima, mientras que dirigentes de Lebu expusieron el deterioro de las embarcaciones artesanales de madera y solicitaron apoyo urgente para extender su vida útil mediante un programa de enfibrado.
La tramitación del proyecto de fortalecimiento de la seguridad marítima, conocido como «Ley Bruma», fue aprobado por unanimidad en general. La iniciativa busca reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias en el mar, tomando como antecedente el naufragio de la embarcación Bruma, donde fallecieron siete tripulantes.
Sin embargo, la sesión también estuvo marcada por una advertencia proveniente desde Lebu. El Sindicato de Armadores y Pescadores Mares Profundos expuso el complejo escenario que enfrenta la flota artesanal de madera, cuyas embarcaciones continúan operando con graves problemas estructurales debido a los altos costos de mantención y la falta de financiamiento para su renovación.
Pescadores proponen programa de enfibrado para salvar la flota
Durante la exposición, los representantes del sindicato mostraron el caso de una embarcación que seguía faenando a más de cien millas de la costa pese a presentar filtraciones, situación que, según señalaron, refleja la realidad de gran parte de la flota artesanal de Lebu. Explicaron que muchas naves presentan pudrición, fisuras y reparaciones provisorias que ponen en riesgo la seguridad de las tripulaciones.
Como alternativa, propusieron desarrollar un programa de enfibrado con fibra de vidrio para quince embarcaciones, ejecutado en tres etapas de cinco naves cada una. Según los antecedentes presentados, esta medida permitiría extender la vida útil de los barcos entre diez y quince años, reducir en al menos un 40% los costos de mantención, aumentar los días de operación y disminuir significativamente el uso de madera nativa. Además, el proyecto podría ejecutarse utilizando mano de obra e insumos disponibles en la provincia de Arauco.
El presidente del sindicato, Juan Poblete, sostuvo que el deterioro de las embarcaciones responde principalmente a la falta de recursos. Explicó que el varado y mantención anual de una embarcación puede costar cerca de $15 millones, cifra que obliga a muchos armadores a continuar operando con naves que requieren reparaciones urgentes, una situación que, advirtió, ya ha provocado accidentes y pérdidas humanas.
Diferencias sobre cómo financiar la iniciativa
La propuesta recibió respaldo transversal, aunque surgieron diferencias respecto de la fuente de financiamiento.
Mientras los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Alejandro Riquelme (Republicanos) plantearon que el programa podría impulsarse mediante convenios entre INDESPA y el Gobierno Regional del Biobío, tomando como referencia experiencias desarrolladas en Magallanes, la diputada Andrea Macías (PS) sostuvo que no corresponde trasladar completamente esa responsabilidad a los gobiernos regionales. A su juicio, el Estado debe asumir un rol más activo mediante modificaciones presupuestarias y una oferta de fomento adaptada a las necesidades de cada territorio.
Finalmente, la comisión acordó oficiar a INDESPA para solicitar antecedentes sobre las líneas de financiamiento disponibles y evaluar mecanismos de apoyo para concretar el proyecto presentado por los dirigentes de Lebu.
Exautoridad marítima pide fortalecer la fiscalización
En la segunda parte de la sesión, el almirante en retiro Juan Gajardo respaldó el proyecto de fortalecimiento de la seguridad marítima, aunque advirtió que la nueva legislación debe ir acompañada de mayores capacidades estatales de fiscalización, monitoreo y respuesta frente a emergencias.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer una capacitación permanente para las dotaciones, reforzar la responsabilidad de armadores y empresas, homologar los sistemas de alerta utilizados por la pesca artesanal y focalizar los recursos públicos en las zonas de mayor riesgo. También recordó que el permiso de zarpe y las certificaciones no reemplazan la obligación del capitán de abstenerse de navegar cuando conoce una falla en la embarcación.
Tras el debate, la comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), autor de la iniciativa, señaló que la propuesta busca entregar una respuesta institucional a las familias de los siete tripulantes fallecidos de la Bruma, aunque reconoció que varios aspectos relacionados con atribuciones y fiscalización requerirán indicaciones del Ejecutivo. Por ello, la comisión acordó oficiar a la Secretaría General de la Presidencia para invitar al Gobierno a participar activamente en la discusión del articulado.
El plazo para presentar indicaciones quedó fijado hasta el lunes 3 de agosto, mientras que la discusión en particular comenzará en la sesión programada para el miércoles 5 de agosto.
En los puntos varios, además, los parlamentarios acordaron oficiar a distintas autoridades para coordinar apoyo a las caletas afectadas por el reciente sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, tras reportarse daños en embarcaciones, infraestructura y artes de pesca que mantienen comprometida la actividad de numerosos pescadores artesanales.
